“Los deudores del 2018 tienen las horas contadas”, así de firme fue la Ejecutora Coactiva del SATP Cintya Livia Sosa, quien aseguró que ya se encuentra – junto a su equipo de auxiliares coactivos- ejecutando todas las acciones coactivas que la Ley les faculta para exigir el pago a todos los contribuyentes morosos que no cumplieron con cancelar sus impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2018 y años anteriores.

Dentro de las acciones, Livia Sosa señaló que ya se tienen identificados a más de 1500 contribuyentes, que se quedaron sin pagar sus obligaciones tributarias del año 2018, cuyos montos de deudas van desde los 5 mil soles a más; además, estos deudores ya han sido notificados con antelación con sus respectivas Resoluciones de Ejecución Coactiva. “A los primeros que les vamos a cobrar es a los deudores del ejercicio fiscal 2018, porque pese a los beneficios tributarios otorgados en la Amnistía del me de diciembre 2018, no cumplieron con cancelar su deuda” dijo Livia Sosa. Entre los contribuyentes morosos figuran personas naturales y jurídicas, entre ellos: Notaría Lizana Puelles, Industrias Textiles de Gamarra, Cooperativa de Vivienda del Abogado, Colegio de Abogados, entre otros.

Otra acción importante que viene realizando el equipo de Cobranza Coactiva del SATP, son las visitas a los domicilios de los contribuyentes, como último aviso cordial, antes del descerraje forzado. Según lo señala el artículo 33 de la Ley antes mencionada, el ejecutor podrá disponer se traba el SECUESTRO CONSERVATIVO DE BIENES, ante la negativa del pago; llegando incluso el Ejecutor Coactivo a solicitar al juez civil competente la Orden de Descerraje, para ingresar al domicilio y proceder a ejecutar así el Secuestro Conservativo de Bienes.

Todas estas acciones de cobranza que viene desarrollando el SAT Piura están contempladas en la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva -DS N° 018-2008-JUS, la misma que en su numeral 14.1, establece que, una vez notificado el obligado con la Resolución de Ejecución Coactiva, y vencido el plazo de siete días hábiles, la División de Ejecución Coactiva se encuentra facultada para trabar medidas cautelares o iniciar la ejecución forzosa.